En medio del debate nacional que hoy rodea el futuro de la IP Conexión Centro y la continuidad del modelo concesionado de Autopistas del Café, es importante hacer un llamado a la sensatez, a la visión técnica y, sobre todo, a la responsabilidad regional.
Y es que más allá de las discusiones legítimas alrededor de los peajes y sus tarifas, hay una realidad que no puede perderse de vista: la competitividad regional y del país a nivel general, depende profundamente de una infraestructura vial eficiente, segura y funcional para sostener su desarrollo económico y social.
Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío hemos sido claros: no se trata de estar en contra de una eventual disminución de tarifas. Sería absurdo desconocer que cualquier ciudadano naturalmente desearía pagar menos. Sin embargo, la verdadera discusión debe centrarse en cómo garantizar que cualquier decisión alrededor de estas tarifas no termine afectando el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de uno de los corredores viales más estratégicos del país.
Hay que decir que estamos hablando no solamente conexión de ciudades, estamos hablando de un corredor vial que es epicentro logístico del centro del país que conecta economías, cadenas productivas, turismo, logística, abastecimiento, empleo y desarrollo social.
Es un corredor fundamental para el transporte de mercancías, para la movilidad empresarial, para el turismo regional y para miles de ciudadanos que diariamente utilizan esta infraestructura para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud o desarrollar actividades comerciales.
Además, hay una realidad que no se puede desconocer: el modelo concesionado ha permitido mantener este corredor vial en condiciones muy superiores a muchas otras vías nacionales.
Precisamente, es lo que se hace necesario evaluar una eventual desarticulación del esquema de concesión termine trasladando al Estado una carga financiera y operativa sin previas garantías para responder de manera oportuna y eficiencia, incluyendo futuras inversiones como se tenía proyectado.
Esto para decir, que las decisiones deben construirse con visión técnica y responsabilidad regional y justamente pensando en el bien común y de todos.
Estamos hablando de infraestructura que tiene efectos directos sobre la productividad regional, la competitividad logística y la capacidad de atraer inversión. Por supuesto, esto no significa que el modelo no pueda revisarse, ajustarse o fortalecerse.
Las comunidades tienen derecho a expresar sus preocupaciones frente a las tarifas, lo que sí es que se requieren análisis técnicos e incorporar la visión de los gremios, de expertos en infraestructura, de los sectores productivos y de los actores que entienden el impacto económico y social que tiene esta conexión vial para el país con todo un plan de acción que permita vislumbrar el futuro y estabilidad que a la fecha ha tenido este corredor vial sin poner en riesgo, como ya lo hemos visto en otras regiones, la inversión, donde sin cobro peaje, se hace visible el deterioro de corredores viales incluso en los cuales hoy los transportadores lideran campañas para recolectar fondos y tapar huecos.
En conclusión, decisiones equilibradas y con planes acción estratégicos deben tenerse en cuenta a la hora de proyectar la competitividad de todo un país.
