Desde que fue conocida la Resolución No. 202443005870346 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que propone convertir el 61,7 % del Quindío en una Zona de Reserva Campesina (ZRC), hemos expuesto nuestra preocupación uniéndonos a la de los sectores productivos del departamento. Si bien es fundamental reconocer la importancia del sector campesino y el fortalecimiento de la ruralidad, también es imprescindible analizar con rigor los impactos socioeconómicos de una decisión de tal magnitud.
El Quindío es un territorio con una estructura económica diversificada, en la que el turismo, el comercio y el agro representan pilares fundamentales del desarrollo. Empresas de distintos sectores han trabajado arduamente para consolidar al departamento como un referente competitivo a nivel nacional e internacional. De hecho, el sector empresarial genera el 80 % del empleo formal en la región, una cifra que evidencia el papel crucial que desempeña en el bienestar de la población.
La creación de una ZRC debe obedecer a criterios técnicos rigurosos y al cumplimiento estricto de la normatividad vigente. De acuerdo con el Decreto 1147 de 2024, estas zonas deben establecerse en territorios que cumplan condiciones específicas, como la existencia predominante de tierras baldías, Zonas de colonización o zonas de reserva campesina pre existente con la necesidad de ordenamiento social de la propiedad rural. Sin embargo, el Quindío no encaja dentro de estos criterios, lo que pone en entredicho la validez de la propuesta.
Adicionalmente, los instrumentos de planificación territorial, como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los planes de desarrollo municipal y departamental y la Agenda Regional de Competitividad, han sido diseñados con la participación de sectores públicos, privados y académicos para garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado. La implementación de una ZRC sin una debida articulación con estos planes podría generar un desajuste que afectaría tanto a los habitantes rurales como urbanos del departamento.
Es preocupante que una decisión de tal trascendencia se impulse sin un estudio detallado que responda a preguntas clave: ¿cumple el Quindío con dichas normativas? ¿Cuáles son las tierras baldías identificadas en la zona propuesta? ¿Se han considerado los impactos en la estructura económica del departamento? Sin respuestas claras, se corre el riesgo de tomar medidas que puedan retrasar la evolución del Quindío, en lugar de impulsarla.
Como conclusión en la reunión de ayer con el director nacional de la ANT, insistimos en las garantías de un análisis profundo, basado en criterios técnicos y jurídicos y en el diálogo con todos los actores involucrados. Es claro que el campesinado tiene problemáticas de fondo que deben ser resueltas, sin embargo, existen diferentes figuras con las que se pueden entregar alternativas que solventen su situación distintas a una Zona de Reserva Campesina apostando por un desarrollo que combine la protección del sector campesino con una visión de competitividad y progreso, asegurando así un futuro próspero y sostenible para nuestro departamento.
